Una vez más, elecciones presidenciales, provinciales y municipales en la República Argentina. La continuidad democrática suma un nuevo período. El pueblo argentino es felizmente soberano. Sin embargo, Argentina no es rosa.
La característica fundamental de la democracia es la relativa soberanía del pueblo. Es relativa porque tiene ciertas limitaciones. Quizá se puedan clasificar en legales e ilegales. Las legales son: tener la edad mínima de 18 años; encontrarse a una distancia superior a los 500 km.; sufrir problemas físicos o de salud que imposibiliten el traslado de la persona hasta los comicios y votar en negro o impugnar el voto (puede que falte alguno). Las ilegales son: omitir la obligación ciudadana; votar a un partido político motivado económicamente (clientelismo); votar sin información; votar por presiones de cualquier clase; etc. Estas son limitaciones de índole individual o personal, depende de cada uno.
También tenemos limitaciones que no podemos controlar. Algunos ejemplos son: Los jefes de mesa no cuentan debidamente los votos; los jefes de mesa votan por personas que bien, no van a votar, o bien, están muertas; los políticos no están debidamente preparados para cumplir con sus funciones; las minorías no se respetan, no se representan, no importan; el Poder Ejecutivo es severamente burocrático, por lo que se desperdician recursos, se alargan los períodos de tiempo de cualquier actividad y como si fuera poco, no cumplen ni si quiera con lo que se proponen; la justicia no ampara a los pobres; los señores diputados y senadores, encargados de formalizar las normas que rigen la sociedad, duermen las más lujosas siestas (las cámaras de diputados y senadores tienen un moderno sistema tecnológico que nos permite saber quién y cuando se tira un rato para desligarse de su insoportable pereza con solo sentarse y girar una llave personalizada); nos obligan a respetar normas que son ilógicas; no se respetan las normas más razonables; nos mienten descaradamente, todos; la comunicación, que es un derecho imprescindible de la sociedad, la controlan unos pocos capitalistas; se condenan los sistemas dictatoriales, mientras que se respetan sus normas; entre otros.
De veintisiete millones de argentinos, habilitados para votar, es muy probable que no concurra ni la mitad al acto. De ésta mitad, supuestamente, el cuarenta por ciento votaría al oficialismo, o sea, 27/2= 13.5 millones; el 40% de 13.5 m. son 5.4 millones de argentinos que votan al oficialismo. Si la oposición no llega a obtener una diferencia menor al 10% con respecto al porcentaje que obtenga el oficialismo, éste se consagra triunfador, representando a un 15% de los 36 millones de argentinos. Si la mayoría representa el 15%, entonces ¿cuál es la minoría?.
De todas formas, el elegido, en función de su mandato, debe gobernar a los 36 millones de argentinos, independientemente de su postura política, religión y clase social. Pero al tomar decisiones, teóricamente, sigue el camino ideológico de su partido por lo que siempre van a existir personas en desacuerdo con las decisiones tomadas. Por esta razón se generan presiones sobre el comportamiento político. Presiones que suelen ser eficaces en varias circunstancias. Una de las más claras es la económica (conocida como coima). Desde el automovilista que le ofrece unos pesos al oficial para que no le cobre una eventual multa, hasta el accionista que arregla financiamientos de grandes cantidades de dinero (como por ejemplo 2.6 millones de los 9 totales que puede llegar a costar un complejo deportivo de alguna localidad de la Provincia de Buenos Aires con el nombre de un prócer venezolano). Otra presión, un poco más justa, es la popular; cientos de personas suelen unirse para hacer respetar sus derechos; a veces logran su objetivo, otras se conforman con una parte.
Se puede llegar a entender a la política como un sistema de presiones. En el poder legislativo es prácticamente legal, lo llaman lobby. La justicia no queda excenta de este análisis. La prueba más contundente es la transformación que sufrió hace un par de años la Corte Suprema de la Nación. Se redujo el número de participantes a 9 (si mal no recuerdo). De esta forma, el oficialismo tiene 4 jueces que lo representa, más el presidente de la corte, que de alguna forma es oficialista (no recuerdo bien el tema, el que quiera informarse puede preguntarle a Lanata), tiene la voluntad sobre las decisiones que tome. De todas formas es un ejemplo de las presiones que se ejercen sobre el sistema judicial. No estoy escribiendo para informar. Esto no es un diario. Es la manifestación de mi opinión.
En fin, puede resultar un poco fastidioso extender más este texto. Por lo que concluyo: no voto. No voy a resignarme. Voy a pensar un mejor sistema o alguna solución a este conjunto de inconvenientes. Y si no la encuentro, en el futuro, alguien lo hará; no puede ser que esto siga así.